El último día del año, se conocieron dos presuntos casos más de violencia machista. Un hombre mató, presuntamente, a su esposa y a la hija de ambos, de tan sólo 9 meses, y posteriormente se suicidó en Torrevieja (Alicante), segundo informó la la agencia Efe. Los cuerpos fueron hallados en la tarde del día 31, pero según fuentes de la investigación, los crímenes se cometieron hace días. Y otra mujer fue asesinada su compañero sentimental, con el que había tenido una hija, en la localidad almeriense de Adra. La Xunta de Andalucía condenó el crimen como un caso de violencia de género, pero no apareció aún en la base del Ministerio. Si se confirma la motivación machista de ambos asesinatos en los datos oficiales, la cifra de víctimas de violencia machista ascendería a 57 en 2015.
Según la estadística oficial, el año finaliza con por lo menos 55 asesinatos por violencia machista, la falta de confirmarse el cuatro que se encuentran en investigación. Uno más que en 2013 y 2014, cuando se contabilizaron 54. Desde 2003, año en que el ministerio comenzó a calcularlo, 821 hombres mataron a sus parejas o exparejas. Esto según datos oficiales, porque algunas organizaciones como feminicidio.net, que elabora sus propios recuentos, considera que se trata de una estadística que merma el impacto real de la violencia de género.
El día 29 de este mes también fue asesinada su marido una mujer en la localidad pontevedresa de Mos, que había interpuesto una denuncia contra lo presunto agresor, aunque después la retiró. No son la mayoría las que lo hacen. De hecho, sólo nueve del más de medio centenar de mujeres asesinadas por su pareja o expareja este año acudieron a la policía o al juzgado. En otro cuatro casos fueron otras personas las que denunciaron por ellas. Tres millones de mujeres admiten ser víctimas de violencia de género, segundo a macroencuesta publicada el pasado mes de marzo.
Con todo, el Consejo General del Poder Judicial sólo cifra en 96.000 el número de denuncias registradas por los juzgados entre el primero y según trimestre de 2015. Casi la mitad de mujeres que sufren este tipo de violencia, un 44%, admiten no denunciar porque no lo consideran lo suficientemente grave. Datos que dejan entrever las características específicas de este tipo de violencia. El motivo se suma a otros como el miedo a las represalias, la vergüenza y el temor a que alguien se entere.
Por eso, los expertos insisten en la importancia de que la atención psicológica y el apoyo a las mujeres no dependa de que denuncien o no. Aunque muchos servicios sí se ofrecen independientemente de eso, la mayoría de las mujeres que acceden denunciaron, por lo que las organizaciones que trabajan con víctimas demandan que se garanticen este tipo de recursos aunque no haya procedimiento judicial.
Falta de formación de los jueces
Sobre los juzgados especializados en violencia de género, que este pasado año cumplieron una década, pesan críticas de víctimas, jueces y abogados, sobre todo, por la falta de formación de los magistrados y el resto de agentes. Eso a pesar de que el Gobierno lo presentó como un triunfo en el balance del diez años de la ley integral contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados. Aquel día, el ministro Alfonso Alonso obvió nombrar el tijeretazo del 26% que el programa de prevención para la violencia de género sufrió desde 2010, a pesar de la ligera subida del 6% que experimenta para 2016.
La falta de formación sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema judicial español, según el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), que recomienda al Ejecutivo garantizar una formación de los jueces que aborde los estereotipos de género. En opinión de las organizaciones que trabajan con víctimas, esto allanaría el camino de la denuncia y podría favorecer que cada vez menos mujeres la retiraran.
La macroencuesta calcula que un 20,9% de las que acudieron a la justicia o a la policía renunciaron a continuar con el proceso. Las razones que esgrimen son variadas, pero destacan la "promesa de que no iba a suceder más", "pensó que podía cambiar o cambió", el miedo y porque el agresor era el padre de sus hijos o hijas. La situación de los menores expuestos la situaciones de violencia machista fue uno de los temas que marcaron el año sobre este asunto.
El pasado mes de agosto entró en vigor a Ley de la Infancia y la Adolescencia, que les reconoce como víctimas directas. Con todo, la ausencia de formación o el bajo número de profesionales son algunos de los retos a los que se enfrenta el sistema para por el en práctica. El pasado 8 de noviembre, el hijo de Elvira y neto de Magdalena tuvo que ver como su padre asesinaba la ambas en la localidad valenciana de Lliria en el momento de devolver al menor a su madre tras un régimen de visitas de fin de semana. Como él, 50 menores se quedaron huérfanos este año debido la este tipo de violencia. En parte porque sólo en un 3% de los casos se suspende el régimen de visitas a padres maltratadores.
El Ministerio de Sanidad sólo contabilizó a la madre del niño como víctima de violencia de género porque la ley de 2004 sólo considera así a las mujeres que mantuvieran o mantengan una relación sentimental con el agresor. Algo similar ocurrió el pasado mes de agosto en Cuenca, donde un hombre asesinó a su exnovia y a su amiga. Por eso ampliar la ley integral fue una de las reivindicaciones que el movimiento feminista ha hecho este 2015. La intención es que incluya otros tipos de violencias, no sólo las que se dan en el ámbito de la pareja o expareja. Entrarían así las agresiones sexuales o los matrimonios forzados.
Fue una de las exigencias que enarboló la histórica manifestación del pasado 7 de noviembre, que tiñó las calles de violeta y llenó Madrid de voces contra la violencia machista. El feminismo pedía también la consideración de la violencia de género como una cuestión de Estado, algo que incluían la mayoría de los principales partidos políticos que concurrieron a los comicios del pasado 20 de diciembre. El tema de la violencia de género se introdujo en la campaña electoral, tras conocer que Ciudadanos se presentaba con uno programa que incluía la medida de acabar con el agravante específico para casos de este tipo.
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